Tras una tensa jornada en el Congreso, el oficialismo y sus aliados lograron postergar la sesión en la que se trataría la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A la salida de la reunión de Labor Parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich actuó como portavoz de la postura del Ejecutivo: “El Presidente considera que dio una explicación razonable y que no mintió. No hay nada que cuestionarle”, afirmó.
La decisión de posponer el debate para el próximo 2 de julio fue el resultado de un acuerdo transversal en el Senado. Según el cronograma trazado, el jueves 25 de junio se votará la habilitación de la interpelación, para que finalmente el funcionario comparezca ante la Cámara Alta una semana después.
De no satisfacer los interrogantes de la oposición, Adorni podría enfrentar ese mismo día una moción de censura por presunto enriquecimiento ilícito.
Debilidad numérica y estrategia legislativa
Bullrich no ocultó la fragilidad parlamentaria del Gobierno para frenar la embestida opositora. “Somos minoría, somos 21; no tenemos fuerza suficiente para imponer temas”, admitió. Esta realidad aritmética obligó a una negociación que incluyó al kirchnerismo y a los bloques dialoguistas para ordenar el tratamiento del caso.
A pesar de transmitir el respaldo de Javier Milei, Bullrich mantuvo una distancia prudencial respecto a su visión personal. Al ser consultada sobre las contradicciones en las declaraciones juradas de Adorni -que ella misma había calificado previamente como una "omisión ética"-, se limitó a responder: “Yo ya opiné”.
Propiedad privada y Ley Hojarasca
El oficialismo buscará aprovechar el aire obtenido hasta el 25 de junio para reflotar proyectos clave del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger.
La hoja de ruta incluye el postergado proyecto sobre propiedad privada y la denominada “Ley Hojarasca”, que ya cuenta con media sanción de Diputados. No obstante, los bloques aliados ya advirtieron que exigirán modificaciones adicionales para acompañar ambas iniciativas.